[De la Encíclica Libertas, praestantissimum, de 20 de junio de 1888]
... Muchos finalmente no aprueban la separación de lo religioso y lo civil, pero juzgan que debe lograrse que la Iglesia se adapte a la época y se doble y acomode a lo que en el gobierno de los pueblos exige la moderna ciencia. Honesta sentencia, si se entiende de cierta equidad que puede ser compatible con la verdad y la justicia; es decir, que, averiguada la esperanza de algún grande bien, se muestre la Iglesia indulgente y conceda a los tiempos lo que, salva la santidad de su deber, les puede conceder. Pero otra cosa es si se trata de cosas y doctrinas que, contra todo derecho, han introducido el cambio de las costumbres y un juicio engañoso...
Así, pues, de lo dicho se sigue que no es en manera alguna lícito pedir, defender ni conceder la libertad de pensar, escribir y enseñar, ni igualmente la promiscua libertad de cultos, como otros tantos derechos que la naturaleza haya dado al hombre. Porque si verdaderamente los hubiera dado la naturaleza, habría derecho a negar el imperio de Dios y por ninguna ley podría ser moderada la libertad humana. Sílguese igualmente que esos géneros de libertad pueden ciertamente ser tolerados, si existen causas justas, pero con limitada moderación, a fin de que no degeneren en desenfreno e insolencia...
Donde el poder sea opresor o amenace uno de tal naturaleza que vaya a tener al pueblo oprimido por injusta fuerza o a obligar a la Iglesia a carecer de la debida libertad, lícito es buscar otra forma de régimen, en que se conceda obrar con libertad; porque entonces no se ambiciona aquella libertad inmoderada y viciosa, sino que se pretende un alivio por causa de la salud de todos, y este sólo se hace para que donde se concede licencia para el mal, no se impida el poder de obrar honestamente.
Tampoco es de suyo contra el deber preferir para el Estado un régimen democrático, quedando sin embargo a salvo la doctrina católica acerca del origen y ejercicio del poder público. La Iglesia no rechaza ninguno de los varios regímenes del Estado, con tal de que sean aptos para procurar el bien de los ciudadanos; pero sí quiere que cada uno se constituya —cosa que evidentemente manda la naturaleza— sin agravios de nadie y, sobre todo, dejando intactos los derechos de la Iglesia.
Tomar parte en la gestión de los asuntos públicos, a no ser donde, por la condición de las circunstancias, se precava de otro modo, es cosa honesta; más aún, la Iglesia aprueba que cada uno aporte su trabajo para el provecho común y, por cuantos medios pueda, defienda, conserve y acreciente la prosperidad del Estado.
Tampoco condena la Iglesia querer que la propia nación no sea esclava de nadie, ni de un extraño ni de un tirano, con tal de que pueda hacerse sin atentar contra la justicia. En fin, tampoco reprende a aquellos que intentan conseguir que sus Estados vivan de sus propias leyes y los ciudadanos gocen de la máxima facilidad de acrecentar sus provechos. La Iglesia acostumbró ser siempre fautora fidelísima de las libertades cívicas sin intemperancia; lo que atestiguan principalmente los Estados italianos que alcanzaron prosperidad, riquezas y renombre glorioso en el régimen municipal, en la época en que la saludable virtud de la Iglesia penetraba, sin oposición de nadie, en todas las instituciones de la cosa pública.
LEON XIII, 1878-1903
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