[De la Encíclica Quod Apostolici muneris, de 28 de diciembre de 1878]
Según las enseñanzas del Evangelio, la igualdad de los hombres consiste en que, habiéndoles a todos cabido en suerte la misma naturaleza, todos son llamados a la dignidad altísima de hijos de Dios, y juntamente en que, habiéndose señalado a todos un solo y mismo fin, todos han de ser juzgados por la misma ley, para conseguir, según sus merecimientos, el castigo o la recompensa.
Sin embargo, la desigualdad de derecho y poder dimana del autor mismo de la naturaleza, de quien toda paternidad recibe su nombre en el cielo y en la tierra [Eph. 3, 15]. Ahora bien, de tal manera se enlazan entre sí por mutuos deberes y derechos, según la doctrina y preceptos católicos, las mentes de los príncipes y de los súbditos que por una parte se templa la ambición de mando, y por otra se hace fácil, firme y nobilísima la razón de la obediencia...
Sin embargo, si alguna vez se diere el caso de que la pública potestad sea ejercida por los príncipes temerariamente y traspasando sus límites, la doctrina de la Iglesia Católica no permite levantarse por propia cuenta contra ellos, a fin de que no se perturbe más y más la tranquilidad del orden o de ahí reciba la sociedad mayor daño; y cuando la cosa llegare a términos que no brille otra esperanza de salvación, enseña que ha de acelerarse el remedio con los méritos de la paciencia cristiana y con instantes oraciones a Dios. Pero si los decretos de los legisladores y príncipes sancionaran o mandaran algo que repugne a la ley divina o natural, la dignidad y el deber del nombre cristiano y la sentencia apostólica persuaden que se debe obedecer más a Dios que a los hombres [Act. 5, 29].
Mas la sabiduría católica, apoyada en los preceptos de la ley divina y natural, ha provisto también prudentísimamente a la tranquilidad pública y doméstica por su sentir y doctrina acerca del derecho de propiedad y la repartición de los bienes que han sido adquiridos para lo necesario o útil a la vida. Porque mientras los socialistas acusan al derecho de propiedad como invención que repugna a la igualdad natural de los hombres y, procurando la comunidad de bienes, piensan que no debe sufrirse con paciencia la pobreza y que pueden impunemente violarse las posesiones y derechos de los ricos; la Iglesia, con más acierto y utilidad, reconoce la desigualdad entre los hombres —naturalmente desemejantes en fuerzas de cuerpo y de espíritu— aun en la posesión de los bienes, y manda que cada uno tenga, intacto e inviolado, el derecho de propiedad y dominio, que viene de la misma naturaleza. Porque sabe la Iglesia que el hurto y la rapiña de tal modo están prohibidos por Dios, autor y vengador de todo derecho, que no es lícito ni aun desear lo ajeno, y que los ladrones y rapaces, no menos que los adúlteros e idólatras, están excluidos del reino de los cielos [I Cor. 6, 9 s].
No por eso, sin embargo, descuida el cuidado de los pobres u omite acudir como piadosa madre a las necesidades de aquéllos; antes bien, abrazándolos con maternal afecto, y sabiendo muy bien que representan la persona de Cristo mismo, que tiene por hecho a sí mismo aun el más pequeño beneficio que se preste a cualquiera de los pobres, los tiene en grande honor y los alivia con la ayuda que puede; cuida de que en todas las partes de la tierra se levanten casas y hospicios para recogerlos, alimentarlos y cuidarlos y toma tales instituciones bajo su tutela. A los ricos, aprémialos con gravísimo mandamiento de que den lo superfluo a los pobres y les amenaza con el juicio divino que ha de condenarlos a los suplicios eternos, si no socorren la necesidad de los pobres. Finalmente, ella alivia y consuela sobremanera las almas de los pobres, ora poniéndoles delante el ejemplo de Cristo que, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro [2 Cor. 8, 9]; ora recordándoles las palabras del mismo Cristo, por las que declaró bienaventurados los pobres [Mt. 5, 3] y Ies mandó esperar los premios de la eterna bienaventuranza.
LEON XIII, 1878-1903
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